Reforma tributaria, inversión y la q de Tobin

Sergio Lehmann

El marco tributario vigente es ciertamente complejo, pero aún más grave es que ha eliminado incentivos para la inversión, al tiempo que da cuenta de graves deficiencias en términos de equidad. En efecto, empresas PYME de características equivalentes, pero que han optado por sistemas alternativos de tributación, tal como ofrece la ley, pagan un impuesto final distinto. Esto es algo inédito a nivel mundial. De igual modo, la tributación de empresas extranjeras es 35%, por debajo de lo que aplica a buena parte de las empresas chilenas, cuyos dueños al retirar utilidades pagan hasta 44,45%.

Una mirada técnica responsable apunta entonces, sin espacio de duda alguna, a que es necesario ajustar o modernizar el marco tributario, como cada cual quiera llamarlo, de forma de eliminar inequidades y reestablecer estímulos para nuevas inversiones. La propuesta del gobierno plantea pasar a un sistema de tributación integrado. También contempla incentivos específicos para la inversión, al considerar de modo transitorio una depreciación instantánea sobre una fracción de las nuevas inversiones. Propone, además, restablecer un crédito parcial al IVA de viviendas dentro de márgenes, junto con otros ajustes.

Se estima un costo total del proyecto en términos de ingresos fiscales en torno a US$ 1.000 millones. ¿Cómo se financia? Ya se ha destacado que la carga tributaria debe mantenerse, dada la necesidad de disminuir el déficit fiscal de forma gradual. La apuesta del gobierno, en lo grueso, es lograr ese objetivo bajando la evasión al IVA al hacer obligatoria la boleta electrónica. Se contempla que bajo este esquema se reduciría a la mitad la brecha en evasión que por este concepto se registra en países desarrollados. Más allá de las cifras que se calculan para este mecanismo, se reconocen enormes oportunidades de elevar la recaudación fiscal de forma sustanciosa por esta vía.

Cabe enfatizar que el proyecto tributario beneficia a una buena parte de las PYME, que verían reducida su tasa de impuestos a 25%, al tiempo que la mayor equidad que se introduce beneficiaría a cerca de 150.000 PYME que dejarían de tributar. Es cierto que también ganan grandes empresas, lo que al parecer molesta a algunos sectores políticos, pero el foco debe estar en el impulso que se genera en la capacidad de crecimiento de la economía. El sistema integrado que se propone generaría un aumento de la inversión en torno a 3% en el corto plazo y cerca de 4% sobre el nivel de largo plazo de la inversión.

Este resultado se obtiene a partir de un modelo empírico que sostiene que la inversión es determinada por el aporte del nuevo capital, en términos de mayor valor de mercado de la empresa. Esta medida es conocida como la q de Tobin. Summers, a inicios de los 80, plantea una formulación de la q que incorpora el marco tributario, base sobre la cual se hacen las estimaciones señaladas. La proyección apunta a que la tasa de inversión llegaría a 23% del PIB, 2% por sobre el nivel actual, pero aún muy por debajo del promedio de las últimas dos décadas. Este paso permitiría elevar el crecimiento potencial, acercándolo a 3,5%. Por esta vía se incrementarían, además, los recursos fiscales en casi 400 millones de dólares por año, abriendo mayores espacios para reducir la pobreza, elevar la calidad de la educación y mejorar los servicios sociales.

Esperemos que la discusión que habrá en torno al proyecto en los próximos meses se focalice en aspectos técnicos, reconociendo la necesidad más fundamental de potenciar a la economía.